17 ago 2015

"Los Wayuu parecen intocables"

Por: Guastavo Munera Bohorquez


“No se puede hacer nada para abrir la vía; ellos se retiran cuando les parezca”, me dijo sin ambages el oficial de la policía al preguntarle cuándo despejarían la carretera Riohacha-Maicao, luego de un bloqueo de la comunidad wayúu del kilómetro 28 desde la capital la semana pasada. Que llegaría el SMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios); luego que no, porque este tipo de problemas se resuelven entre autoridades gubernamentales y las ancestrales. Mientras tanto, los indios ahí. Felizmente el señor policía me aconsejó que como yo tengo un buen carro, aguantaba que me fuera por la vuelta de Cuestecitas-Albania aunque eso significara tres veces más tiempo que por la ruta ordinaria, “porque eso iba para largo” y claro que sí: ya habían montado chinchorros y marmitas para el sopón de la protesta.

Desde luego no puede desconocerse el derecho a la protesta consagrado en los artículos 37 y complementado por el 38 (derecho a asociarse) de nuestra Constitución Política de 1991. Pero, ¿proceden los organismos represivos igual ante cualquier pataleo, sin importar quiénes lo promuevan ni en qué circunstancias? Parece que no, aunque la igualdad de las personas ante la ley es una de las garantías fundamentales de las sociedades democráticas. Ya lo dijo Óscar Wilde, aun en toda sociedad de iguales siempre hay unos más iguales que otros. Una suerte de deuda social lleva al Estado a ser complacientes con algunos grupos y permitirles en consecuencia, estar por encima de los deberes ciudadanos. En Colombia el establecimiento de los derechos sociales diferenciados que deben favorecer fenómenos de desarrollo y equidad han servido para crear privilegios indebidos.

Un ejercicio pone de manifiesto cuánto hay de arbitrario y tolerado para unas personas, que no se les permitiría a otras. Pongamos por caso, como dueño de un terreno donde se haya instalada una torre de energía de la empresa transportadora de la electricidad, ésta debe sufragar la servidumbre por el uso del suelo. ¿Qué pasa si no paga o no lo hace a tiempo? ¿Puedo derribar esa torre, puesto que está en una tierra de mi propiedad? Creo que no; me tratarían como terrorista. ¿Por qué entonces se le permite a los wayúus cerrar la llave del gas a su arbitrio y sin consecuencias para sus líderes? Sobre todo, que por falta de unidad y de seriedad de sus guías ancestrales, cada quién hace lo que le da la gana. Un día arreglan con una familia y al siguiente aparecen otros reclamando por vías de hecho el mismo asunto. Estos actos de saboteo constituyen holgadamente casos de terrorismo y deben ser perseguidos igual que si los ejecutaran los demás colombianos que no respeten la ley. Ser wayúu o no significa que las fuerzas del orden los pueden tocar cuando hay mérito.

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