Por: Gustavo Munera Bohorquez
En Colombia es
corrillo que quien cae en manos de los organismos de justicia en cierre de
balance de “positivos” para completar la cuota del periodo, la pasa feo dado
que le es más difícil gestionar su defensa. Puede que aclare su situación
judicial, pero mientras el palo va y viene suele pasar meses en un entredicho
que le perjudica social, laboral y económicamente; y no siempre el
resarcimiento de los derechos es completo ni oportuno.
A esta situación
calamitosa ahora se suma el paro judicial de la Asociación Nacional de
Funcionarios y Empleados de la rama Judicial (ASONAL), que entró en su quinta
quincena sin vislumbrarse una solución por parte del responsable de proveer la
misma: el ministerio de justicia. El gobierno nacional ha sido omiso en su
obligación de cumplir la ley respetando los compromisos adquiridos con el
sector judicial.
Si bien Colombia no es propiamente un Estado fallido, es real que en él
se dan algunas de las circunstancias que caracterizan a los mismos. SegúnFund for
Peace (Fondo para la Paz), institución no gubernamental con
sede en Washington, un Estado lo es cuando 1. Pierde el control físico de
territorio o del empleo legítimo de la fuerza; 2. Se halla erosionada la
autoridad legítima para la toma de decisiones; 3. Es incapaz de suministrar
servicios básicos y, 4. Hay incapacidad para interactuar con otros Estados.
Se perdió
territorio con Nicaragua y parte de país no cuenta con protección estatal, hay
excesos notorios de la fuerza pública, el ministerio de justicia está
paralizado para resolver el paro judicial que ya cuesta cien mil millones de
pesos en pérdidas y los servicios básicos son pobres, cuando no inoperantes
como la salud, por ejemplo. Ergo, casi. Lo relevante es que ahora interactuamos
mejor con los Estados vecinos que cinco años atrás.
Pero, contrario a
sus obligaciones, el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de justicia se
solazan en descalificar a los empleados de la justicia. Los medios masivos de
prensa se ensañan con ellos mostrándolos como unos desconsiderados que no merecen
ninguna de las exigencias en las que el país está en deuda. Es en sí misma una
injusticia que entre el salario de un magistrado y un juez de provincia haya
una diferencia de hasta siete veces lo devengado por uno y otro.
En la parálisis
judicial actual existen flagrantes violaciones de los derechos humanos, pues
hay detenidos que permanecen en el limbo, tutelas por derechos fundamentales
sin cursar trámite, negocios perjudicados por no poderse finiquitar legalmente,
etc. En fin, que la ciudadanía está sometida a torturas, tratos y penas
crueles, inhumanas y degradantes; todas, circunstancias prohibidas por la
Constitución Nacional. Y el pobre pueblo pagará con sus impuestos las demandas
que se vienen por tales detrimentos y donde será sindicado el ministerio de
justicia.
